2 Agosto 2008
El primer día Dios creó el Sol, entonces el Diablo, contrariado, creó los rayos ultravioletas.
El segundo día Dios creó el sexo. El Diablo reaccionó rápido y creó el matrimonio.
El tercer día Dios creó un economista. Esto significó un desafío intelectual para el Diablo, quien luego de mucho pensarlo creó un segundo economista.
14 Julio 2008
Los afiliados que pensaban jubilarse ahora y retirar una renta vitalicia deberán pensarlo dos veces, ya que retirarán menos dinero al haber quedado disminuídas sus cuentas de capitalización. Los fondos de jubilaciones crecen a un ritmo que no le gana a la inflación desde noviembre del año pasado, debido a que más de la mitad están invertidos en títulos públicos y activos locales que no hacen más que caer debido a los ruidos políticos locales y la crisis financiera internacional.
En el resumen que envía
Si se sospecha que el índice oficial de inflación no es confiable y se toma, por ejemplo, el calculado por la consultora Ecolatina, la pérdida de rentabilidad anual promedio se arrastra desde noviembre del año pasado. Y el escenario es peor aún al considerar mayo 2008: en el último año, los ahorros acumulados perdieron un 26% (para una inflación del 27,3%, en ese mismo período).
Lo calculado surge de los datos publicados por
Si se tiene en cuenta la inflación oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la rentabilidad anual real promedio del sistema empezó a ser negativa recién en enero de este año, cuando el alza acumulada en el nivel de precios fue del 8,2%, lo que significó una pérdida de 1,32%. En tanto, si se considera mayo 2008, el sistema perdió 7,1%, cerca de veinte puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2007.
A la crisis financiera en el mundo producto de las hipotecas subprime desencadenada en los EE.UU., se le sumó el conflicto local, que hizo caer los activos, dado que una parte importante de las carteras de las AFJP están compuestas de acciones locales e internacionales, títulos públicos, fondos comunes de inversión y otros activos. “A nivel local es imposible la rentabilidad positiva”, sostiene un gerente de una AFJP.
El tema se maneja con sumo hermetismo, razón por la cual, muchos directores y gerentes consultados prefirieron opinar con reserva de identidad.
Así, el gerente de una reconocida AFJP afirmó off the record que el 85% de los activos locales de la cartera tuvo un rendimiento muy malo. “Los mercados están negativos; no hay forma de que los fondos de pensión estén positivos más allá de que se puedan aprovechar el repunte de los plazos fijos”, señaló.
La fuerte baja en los activos se evidencia en, por ejemplo, el bono discount que valía $125 hace un año y hoy vale $105. Esto es porque los inversores se desprenden de los títulos ante la incertidumbre que generó la crisis del campo, la manipulación de las estadísticas oficiales y la falta de una política antiinflacionaria.
En un escenario de problemas de confianza, el riesgo sobre los títulos públicos aumenta, esto hace que caigan de valor y todas las AFJP sufren la caída de la rentabilidad promedio por la alta exposición (un 52%) a los bonos en su cartera, en los que están obligados a invertir.
Esta caída de la rentabilidad perjudica principalmente a aquél que había decidido jubilarse hoy y retirar una renta vitalicia, coinciden desde las AFJP. La opción de la renta vitalicia previsional implica firmar un contrato con una compañía de seguros, que abonará una mensualidad de por vida. Esta renta se compra con lo acumulado en la cuenta de capitalización, por lo que no conviene hacer esa operación cuando el valor de los fondos está afectado.
La alternativa es cobrar el llamado retiro programado, que prevé un ingreso mensual que se recalcula cada año. El beneficiario puede abandonar en cualquier momento esa forma de cobro y comprar la renta vitalicia, que le asegura un ingreso constante.
En cambio, para quienes se jubilen en 30 años, el rendimiento de los fondos se va a recuperar de la mano de los mercados. Se trata de un ahorro a largo plazo. La edad promedio del sistema es de 40 años, es decir, que al promedio de los afiliados les faltan 20-25 años para jubilarse, y en el medio van a haber muchos ciclos de alzas y bajas.
De todos modos, las analistas explican que hay muy pocas opciones de inversión por parte de las aseguradoras, que les permita obtener rentabilidades superiores a la inflación real. Y mientras dure, la descapitalización va a continuar.
Por los próximos cinco años, hasta que se abra de nuevo la posibilidad de cambiar de régimen, los afiliados a una AFJP serán cautivos de este sistema.
17 Junio 2008
En los últimos años, paralelamente a la tala y la expansión de la frontera agrícola de la mano del avance sojero, surgieron en el interior del país organizaciones compuestas por familias del campo que no viajan en 4 x 4, no producen soja mediante siembra directa, no son el campo que se ve en las mega-exposiciones, ni están representados por las "entidades rurales". Denuncian el saqueo de recursos naturales, la concentración de la tierra y el éxodo del campo. Son miles de familias que viven de lo que producen y resisten los desalojos de los pobladores autóctonos y el desmonte permanente. En los casi cien días que lleva el "paro del campo", sus voces casi no aparecieron en los medios, y pareciera ser que para muchos los "pequeños productores" son aquellos que poseen un mínimo de
En Argentina viven 280 mil familias numerosas de 22 pueblos indígenas, y 220 mil familias campesinas, con al menos 1,5 millón de personas. No producen granos para exportación ni suscriben a los agronegocios, siembran alimentos y crían animales para autoconsumo y tienen una relación especial con la tierra, no la consideran un medio para negocios, se entienden como parte de ella, de su cultura, su historia y un bien común de las próximas generaciones.
Estos movimientos campesinos de base, que representan a comunidades del “campo profundo”, muestran un punto de vista diferente a los escuchados durante el lockout rural. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (MOCASE-VC) tomó distancia del paro impulsado por
Lejos de oponerse a las retenciones, el MOCASE-VC propone que las mismas sirvan para preparar “el proyecto de una Reforma Agraria Integral con Soberanía Alimentaria. Estaticemos las exportaciones, que no queden más en manos de las grandes corporaciones transnacionales”.
En un documento, al que adhirieron 9000 familias del monte, que viven de lo que producen y rechazan el modelo sojero, fijan posición y denuncian que durante todas estas semanas de manifestaciones y cruces verbales, las entidades tradicionales y el Gobierno silenciaron los siguientes temas:
- Negocios. En el mercado mundial, Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997, en Argentina se cosecharon once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. Es el tercer exportador mundial de grano de soja (luego de Estados Unidos y Brasil) y el primero de aceite. Las exportaciones de soja y sus derivados, en 2007, fueron por 11.000 millones de dólares. Argentina ya no produce alimentos y en el país no se come soja. La demanda proviene de Europa y China, donde es utilizada para alimentación animal.
- Desalojos. El modelo de agronegocios basado en la soja transgénica desalojó, en los últimos diez años, 300 mil familias de campesinos e indígenas, que tuvieron como destino barrios empobrecidos de las grandes ciudades.
- Desmontes. En sólo cuatro años, y por el avance de las plantaciones de soja, dejaron de existir
- Concentración. El modelo agropecuario actual, basado en la exportación y la producción intensiva, produce mayor concentración. El último censo agropecuario confirma: el diez por ciento de las denominadas “explotaciones agropecuarias” más grandes concentra el 78 por ciento de las tierras, mientras que el 60 por ciento de las fincas más pequeñas se reparte apenas el cinco por ciento de la superficie cultivable del país.
- Desempleo. Mil hectáreas de soja pueden ser manejadas por sólo cuatro personas. Un tambo con esa superficie requiere, de mínimo, veinte trabajadores. Si esa porción de tierra estuviera en manos de familias campesinas indígenas, implicaría trabajo para 350 personas.
- Salud. Los campos argentinos fueron rociados el último año con 165 millones de litros de glifosato, un agrotóxico denunciado por causar malformaciones a recién nacidos, abortos espontáneos, cáncer y muerte. Las acusaciones apuntan a la mayor semillera del mundo: Monsanto.
- Empresas. Las compañías con mayor rentabilidad del negocio sojero (exportadoras y proveedoras de insumos) son Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer, Nidera, Cargill, Bunge, Dreyfus, Dow y Basf, entre otras. Ninguna de ellas es cuestionada en el reciente conflicto.
- Explotación. 1,3 millón de personas trabajan en el campo. El sueldo generalizado es de 1250 pesos al mes. Es considerado, por el propio Estado, el trabajador peor remunerado, el que padece las peores condiciones de trabajo y el más explotado. Aún se les paga con comida y viviendas precarias, en condiciones cercanas a la esclavitud. Además, el 75 por ciento de ellos está “en negro”, sin contrato de trabajo, cobertura de salud, aportes jubilatorios ni seguro por accidentes.
- Diferencias. Durante el paro patronal, se utiliza como punta de lanza la situación de un “pequeño productor” con
- Futuro. La industria de los agronegocios tiene dos próximas metas en Argentina: introducir a su negocio diez millones de hectáreas (en detrimento de productores familiares) y los agrocombustibles (la creación de combustible a partir de soja), negocio con el que pretenden avanzar sobre otros cuatro millones de hectáreas de campesinos e indígenas.
- Otro modelo. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), integrado por 15.000 familias de siete provincias, no fue incluido en las discusiones. El MNCI, fomenta la organización de los más pobres y marginados del campo argentino, la base de la pirámide rural. Dos de sus propuestas centrales son la reforma agraria integral y la soberanía alimentaria, lo que implica un cambio de modelo agrario. Cuestión de fondo que las cuatro entidades tradicionales, y el Gobierno, prefieren no hablar.
9 Junio 2008
El dinero es hoy una parte central en la vida de todos nosotros. No importa si se lo ama o se lo detesta. No importa si se tiene mucho o poco. No importa si le parece un tema menor o si vive pensando en cómo hacer que las cuentas le cierren. Es un medio para obtener muchas de las cosas que necesita, por lo tanto, de él dependerán su independencia, sus decisiones laborales, el cumplimiento de sus proyectos y hasta las posibilidades de llevar adelante un hogar y una familia.
Tomar el control de los gastos no se trata sólo de ver cómo se hace para llegar a fin de mes o de la quincena, implica también consumir inteligentemente, invirtiendo nuestros ingresos de la mejor forma posible.
Nunca tuvimos a disposición tantos productos y servicios como en la actual sociedad de consumo masivo. El consumo es hoy el indicador más utilizado para medir la situación económica de las personas, e incluso de un país.
Desde los más básicos, como luz, gas, agua corriente y cloacas, hasta los más modernos como telefonía, televisión por cable o Internet, los servicios constituyen un gasto significativo en la mayoría de los hogares.
Dependiendo de la temporada, las facturas vendrán más o menos abultadas, pero la impresión es que son gastos fijos. Esta percepción se ve modificada cuando dejamos pasar la fecha de vencimiento y entra en acción el cálculo de intereses y su correspondiente IVA del 21 por ciento, que siempre abultan la suma final a la hora de pasar por la ventanilla del cajero.
Lo mismo sucede con los impuestos municipales y provinciales que, en contadas ocasiones llegan por debajo de la puerta días después de la fecha que figura en el casillero de vencimiento.
¿Cómo se calculan la amplia gama de intereses que incluye a los de mora, a los resarcitorios y a los punitorios? ¿Qué dice la legislación al respecto? ¿Cumplen las empresas con lo que estipula la ley? Nos pusimos a leer la letra chica de las facturas, y nos encontramos con no pocas sorpresas y algunas perlitas dignas de destacar.
EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR
La relación entre consumidores y empresas está amparada por leyes y reglamentaciones públicas que buscan equilibrar la diferencia de poder entre las empresas y los consumidores individuales.
En
En abril de este año ha sido modificada por
Es que antes de la sanción de esta ley modificatoria, para el cálculo se utilizaba como límite máximo al 50 por ciento de la tasa activa para descuento de documentos comerciales a 30 días del Banco de
A partir del 16 de abril pasado, fecha en que entró en vigencia la modificación, las empresas de servicio tienen la obligación, al calcular los intereses por mora, de no exceder en más del 50 por ciento la tasa pasiva para depósitos a 30 días del Banco de
El cambio no es menor ya que los conceptos que toma la legislación en cuanto a tasa activa y tasa pasiva, está obligando a las empresas a tomar la menor de ellas para calcular los intereses que aplicarán a sus abonados.
La tasa activa para descuento de documentos comerciales, por ejemplo un pagaré o un cheque, será la más alta, ya que el banco cobrará más por este servicio, y así podrá retener una cifra mayor sobre lo que pague por ese documento, maximizando su ganancia en la operación.
Mientras la tasa pasiva para depósitos será la menor, ya que el banco paga un porcentaje menor sobre los depósitos que sobre los créditos, obteniendo de esa diferencia su ganancia operativa usual.
La medida es beneficiosa para todos los consumidores de servicios, aliviando el monto a pagar en caso de abonar una factura ya vencida. A dos meses de su entrada en vigencia, convendría observar detalladamente esa factura que tiene a mano, para ver si cumple con lo que estipula la ley.
Aguas Santafecinas En el reverso de la factura se puede leer: “Por el período comprendido entre el día posterior al vencimiento original y el primer mes de mora, se aplicará un interés punitorio del dos con 50/100 por ciento (2.50 %) para los primeros quince días y dos con 50/100 por ciento (2.50 %) por el lapso restante. Luego del primer mes de mora y hasta el día del efectivo pago, se aplicará un interés punitorio del diez por ciento (10%) sobre el monto original facturado…se aplicará un interés resarcitorio sobre el monto original, excluido el punitorio, mensual, acumulativo y vencido…del uno por ciento (1%)”
Para que se entienda, 5 por ciento el primer mes de mora y 10 por ciento en meses sucesivos, sumándole un resarcitorio acumulativo, es decir 1% el segundo mes, 2% el tercero, y así sucesivamente. De dónde se toma el porcentaje de la tasa aplicada es un dato que no aparece en el texto.
Litoral Gas en este caso la factura es más es explícita y está en sintonía con la ley del consumidor, pero claro, sin la reforma beneficiosa para los clientes. “Intereses moratorios: la tasa máxima de interés a utilizar será equivalente a una vez y media la tasa activa cartera general cobrada por el Banco de
Epe sólo se recomienda la conveniencia de pagar en término, evitando recargos. Y advierte que “la cancelación fuera de término da lugar al cobro de recargos punitorios más los impuestos correspondientes”. Nada más, ni un solo dato que nos aporte un poco de luz en la factura de la energía eléctrica.
Telecom aquí encontramos el mayor detalle del cálculo, ya que se informa que de abonarse en un plazo que va hasta los 10 días posteriores al vencimiento, la tasa a aplicar será de 0.77% más su iva correspondiente, especificándose las cifras de cada ítem.
¿HAY ALGUIEN QUE CONTROLE?
En la ciudad,
Gonzalo Aciar, secretario de la oficina, comentó a ADN que se han enviado notas de consulta a las distintas empresas prestadoras de servicios en Rosario, y que de las respuestas recibidas se destaca la de Litoral Gas que argumenta que si bien el reverso de sus facturas indica el uso de la tasa derogada, ello se debe a que los formularios en donde se han impreso las últimas facturas distribuidas son rezagos de lotes encargados con anterioridad al cambio de método, pero que en el anverso, el cálculo porcentual es el correcto.
En el caso de Aguas Provinciales, las facturas siguen llegando con la tasa anterior, y está próxima una reunión con representantes de la empresa prestataria.
Entre las empresas de telefonía nada ha cambiado, y se están gestionando próximas reuniones con el fin de acercarles la inquietud e indagar sobre los cálculos que se realizan.
UNA PERLITA EN MEDIO DE
La poca gimnasia de leer las letritas más chicas de lo que firmamos o pagamos nos ha deparado más de una sorpresa en nuestras vidas. La preparación de nuestro informe no ha sido la excepción.
Al investigar en la factura de
La idea era fijar un gravamen del 0,6 por mil sobre el consumo de electricidad de los usuarios finales de todo el país para, en teoría, enlazar a la provincia al Sistema Interconectado Nacional y así reducir el nivel de tarifas, un 300% superiores en promedio a las de otras regiones del país porque la generación de energía se hacia toda a combustible.
El impuesto del 0,6 por mil sobre las facturas de electricidad se cobra desde 1989, y la provincia de Santa Cruz recibió más de 500 millones para una obra que comenzará a realizarse 19 años después.
Cuando se incluyó el impuesto de Santa Cruz se hizo lo propio con otro para Misiones, con el mismo fin: pero en este caso la provincia concretó la obra en dos años y el recargo se dio de baja en 1996. En plena crisis de 2001 Santa Cruz anunció el comienzo
de las obras para el enlace y finalmente, por decreto 1378 firmado en noviembre por De
La ley fijaba, en 1989, sólo el porcentaje del impuesto (0,6 por mil) pero luego, mediante se le puso un tope al monto de la transferencia a Santa Cruz: 26.200.000 pesos. Durante la gestión de Néstor Kichner se subió el tope a 35.000.000. El excedente, a las arcas del Tesoro Nacional y se usa a discreción.
La construcción, operación y mantenimiento de
¿Y los 500 millones? ¿Y por qué se sigue cobrando?
LOS AGUJEROS NEGROS
Más allá de lo poco o mucho que consumamos en agua, gas y energía, o de lo cuanto que hablemos por teléfono o celular, siempre nos enfrentaremos a los distintos agujeros negros de las facturas que acompañan al cartero que cada mes o bimestre pasa por casa.
Intereses calculado a discreción por las empresas, facturas que se pierden o nunca llegan, facturas que llegan pero que lo hacen días después de su vencimiento, fechas de pago que se ubican antes de nuestra fecha de cobro en el trabajo, la inclusión de “impuestos fantasmas” que recaudan sin saber nadie adonde va esa plata, etc, etc, son ejemplos de situaciones a las que casi ya estamos acostumbrados o resignados a sobrellevar sin oponer ninguna resistencia.
Este sistema, que sigue anteponiendo la ganancia empresarial por encima de los derechos individuales sólo podrá ser contrarrestado con información y participación de aquellos que consideren a la dignidad de los consumidores, un pilar fundamental de la economía.
9 Junio 2008
Por estos días es muy común escuchar que lo que se está disputando entre el Gobierno y el campo es un cambio en la “redistribución del ingreso”. Suenan voces que desde los dos bandos dicen representar al verdadero ser nacional, atinando para ello a un desmedido uso del celeste y blanco junto a consignas que intentan convencer que el sueño inconcluso de país que todos deseamos puede llegar a concretarse si resultara ganadora de esta interminable pulseada el sector al que pertenece.
Lo cierto es que las retenciones tienen un efecto redistributivo, ya que “retiene” parte de una renta agraria que se origina en especiales condiciones locales (rindes excepcionales, cambio sostenido en
Sin embargo, si tomamos los datos que aporta
Pese a que se habla de la puja por la redistribución del ingreso, nadie parece advertir esto, y mucho menos se encuentra en debate una reforma impositiva que promueva un sistema menos regresivo.
Esta recaudación, altamente regresiva, se basa en lo que proviene del IVA, que junto a otros impuestos indirectos, al consumo, llega al 47,3 por ciento del total.
Es lógico pensar que los sectores que poseen menores recursos destinan casi exclusivamente sus ingresos al consumo de elementos indispensables para la subsistencia (alimentos, calzado, vestimenta, etc.). Sobre estos sectores empobrecidos recae el mayor peso de la recaudación impositiva. Pareciera que el sistema tributario estuviese diseñado en una forma que escapa a toda recomendación de manual que aconseja que a mayores ingresos, mayores tributos.
Siguiendo la escala de datos sobre la composición de la recaudación total, sigue el Impuesto a las Ganancias con un 23,5 por ciento, luego los aportes por salarios y Seguridad social, con un 14,8 y en cuarto lugar aparecen las imposiciones al comercio internacional, las famosas retenciones, con el 13, 4 por ciento.
El porcentaje aplicado a las exportaciones es todo un récord en la historia económica argentina. Pero aportan muy poco para que se pueda revertir el sesgo regresivo que estamos analizando. Los mayores precios internacionales, el aumento de las alícuotas y el incremento de la producción, junto con el hecho de que son muy fáciles de cobrar y que, suspicazmente, no son coparticipables con las provincias, han sido las causas de que la recaudación suba mucho en este rubro, pero el porcentaje sigue siendo menor si lo comparamos con los otros impuestos.
Esto nos indica por un lado las falencias del Gobierno en tomar medidas que tiendan a librar a los sectores postergados del pago de elevadas tasas impositivas a la hora de sentarse a la mesa, y por el otro, desarticula el mensaje que desde las organizaciones rurales sostiene que es el campo el que apuntala al crecimiento económico.
Durante la gestión del dr. Abad al frente de
Están los especialistas que aconsejan no encarar una reforma impositiva integral ya que no se debería tocar la estructura para no arriesgar recaudación, y están aquellos que dicen que la redistribución debería hacerse mediante políticas sociales, es decir, por el lado del gasto y no del ingreso. El mensaje sería que el Estado apunte mejor a quienes ayuda sin que nadie se vea obligado a poner un peso más.
Esto sería muy simple en un país igualitario, donde las desigualdades sean mínimas, y los pobres unos pocos miles. Pero en una sociedad como la nuestra, en donde hay millones de habitantes que subsisten diariamente en la pobreza, los problemas a resolver son muchos y los ingresos siempre son pocos.
Los argumentos en contra de una reforma profunda serán siempre cuantiosos, cada corporación aportará el suyo, dejándonos en la duda de cómo instrumentarla.
Pero lo que no queda lugar a dudas es en la necesidad de formularla, abrir el debate a una verdadera redistribución del ingreso, que no afecte sólo a un determinado sector sino que sea realmente progresiva.
Las decisiones económicas más determinantes no se toman en momentos de recesión, sinó de expansión. Los cambios que se promuevan hoy, teniendo en cuenta el largo plazo, obtendrán resultados que se volverán más visibles en tiempos de crisis.
1 Abril 2008
“¡Cada vez puedo llevar menos cosas con la misma plata de todos los días!!” Fue la queja que se le pudo escuchar a una ama de casa en la caja de supermercado. El ejemplo vale para explicar cómo hace mella en los ingresos familiares la suba constante de precios en los productos, y en especial en el rubro alimentos y bebidas.
Son pocas las veces en que la vida cotidiana nos permite acercarnos a conceptos abstractos de la economía. En el caso de la cola del súper, el dinero que recibe un trabajador por su salario, (y con el que su esposa se dirije a hacer las compras) es el salario “nominal”, mientras que la cantidad de productos que puede adquirir (y que como bien gritaba la señora, cada vez son menos), obedece al concepto de salario “real”.
Los incrementos salariales obtenidos por los distintos gremios se están viendo licuados y superados por el aumento de los precios a escasos 30 o 60 días de haberse otorgado con la proyección de que tendrían que equipararse a la inflación de todo el año 2008.
Esto ocasiona que mucha gente todavía se encuentre por debajo de la línea de pobreza o por encima de ella por muy pocos pesos. Si bien el total de pobres en el país ha ido disminuyendo desde el 2002, hoy todavía comprende al 25 por ciento de los argentinos, uno de cada cuatro individuos no alcanza a satisfacer sus necesidades básicas para vivir con dignidad.
Mientras tanto, la economía, que creció en forma astronómica e inusual a nuestra historia reciente, nos muestra números, que si bien son odiosos, nos permite comparar escenarios distintos. Mientras que el Producto Bruto Interno creció un 52 por ciento entre 2002 y 2007, el poder de compra de los salarios, sólo subió un 28 por ciento. Y por estos meses, ya no hay número creíble que indique cuál es el acumulado de
Aquí comienza a aparecer otra de las cuestiones fundamentales que hacen a la economía y es sobre cómo se debe repartir la riqueza que se genera en el país. Solamente en una etapa de bonanza pueden replantearse los parámetros de distribución y mejorar las condiciones necesarias para que toda la sociedad se vea beneficiada.
La mejora en la creación de puestos de trabajo, ha disminuido notablemente los índices de desocupación, pero por otra parte, sigue observándose que la mayoría de los empleos creados son de baja calidad profesional o se encuentran en situación de precariedad. Esto conlleva a que la recuperación salarial se vea atrasada y que vaya por detrás de la recuperación económica. El ritmo de ganancias empresarial ha sido el más importante de los últimos 10 años pero, en contrapartida, el alto porcentaje que se mantiene aún de trabajadores en negro, recibe hasta un 40 por ciento menos de salarios por la misma tarea que lleva a cabo un trabajador registrado. Con el agravante de que la mayoría de los empleos no calificados son los que se encuentran en la irregularidad, es decir, se suma al bajo sueldo, la falta de asignaciones familiares, por ejemplo, la que se cobra por hijo.
¿Qué pasaría si todos los trabajadores fuesen registrados? ¿Se acabaría con la pobreza? Seguramente que no, según estudios recientes sólo re bajaría en un 20 por ciento. Lo que implica que con tener un trabajo no alcanza. Deberán revertirse un esquema de acumulación que excluye a amplios sectores de la población y que no está dispuesto a resignar beneficios.
El aumento de precios por parte de los industriales, así como el reclamo de los productores agropecuarios ante la suba de las retenciones, son ejemplos claros de que amplios secrtores de la sociedad no compartirá ganancias de la noche a la mañana.
Serán necesarias medidas oficiales que permita lograr crecimiento y equidad, distribución justa y cobertura integral de todos los trabajadores.
Solo de esta forma dejaremos de escuchar las quejas entre las cajas de los súper y volveremos a llenar los changuitos de una manera más igualitaria.
3 Marzo 2008
La creciente inseguridad a la que nos vemos expuesto ha modificado usos y costumbres de muchos sectores de la población, como así también ha producido un incremento de los gastos en rubros dedicados a la protección y vigilancia tanto de viviendas como empresas.
Cualquiera que repase las ofertas de empleo en el diario del domingo advertirá que cada vez son más los avisos que solicitan personal para vigilar y son más numerosas las nuevas empresas dedicadas a la actividad. Se calcula que ya son más de 135000 personas empleadas en la seguridad privada, y cerca de 300 empresas que brindan ese servicio en todo el país.
Pero recuperar la sensación de seguridad implica, para algunos, desenbolsillar sumas cada vez mayores que han venido a modificar el presupuesto familiar o el cuadro de gastos, en el caso de las empresas.
La presencia de vigiladores en los edificios, principalmente en sectores medios y altos, ha ocasionado un aumento de las expensas que, según estimaciones realizadas por los propios administradores, llegan a alcanzar hasta un 30 por ciento, teniendo en cuenta el servicio contratado. En casos en que sólo se brinda seguridad nocturna, la suba ronda el 20 por ciento.
Según Eduardo Franchi, administrador de consorcios, la implementación de seguridad privada en los edificios es una demanda que surge de los mismos propietarios ya que se han dado casos de desvalijamiento de pisos completos, aprovechando el escaso movimiento de los fines de semana.
“Hay gente que protesta cuando le llega el detalle de las expensas, pero el beneficio está en la prevención. Si un ladrón quiere entrar al edificio, lo pensará dos veces si observa al vigilador sentado en el palier”, sostiene Franchi.
Lo cierto es que los costos del servicio pasan directamente a ser cobrados a cada departamento que deberá pagar más si quiere dormir tranquilo.
Según datos aportados por
Según puede observarse en Rosario, los sectores que más están demandando seguridad privada, son los edificios y barrios de clase alta. En menor medida, se encuentran las empresas e industrias.
La ola de robos ha generado un negocio que mueve cifras importantes y ha llevado a la proliferación de empresas que, gerenciadas en su mayoría por ex miembros de las fuerzas de seguridad, no siempre se encuentran habilitadas, o cumplen con todos los requisitos que demandan las reglamentaciones.
Según
En el caso de las empresas, uno de los mayores problemas a los que deben enfrentarse es a la de la seguridad de las mercaderías en tránsito. Según estadísticas delictivas, se calcula que se roban 5 camiones por día en el país. La piratería del asfalto pone en jaque
a las industrias que se han visto forzadas a contratar servicios de seguimiento satelital u otros métodos de vigilancia para asegurar que los envíos lleguen a destino.
La inversión en seguridad ronda en un 10 por ciento de la factura y este es otro rubro que incide a la hora del cálculo final del precio de los productos vigilados.
Si bien la seguridad debe ser aportada por el Estado, cada vez son más las personas que consideran que es mejor prevenir que llorar.
Diariamente nos encontramos con ese señor parado en la puerta de negocios o edificios que ya lo consideramos parte del paisaje urbano, pero demuestra, con su sola presencia, las falencias de una sociedad que es capaz de generar que algunos puedan obtener beneficios económicos sobre el temor que puedan sentir otros.
4 Febrero 2008
Hace pocos días
Pero más allá de la discusión sobre el aumento de los sueldos, que es la que acapara la mayor atención debido a que, mes a mes, se ve deteriorado el poder adquisitivo de la gente como consecuencia de un proceso inflacionario que no se detiene, no se ponen en debate las condiciones de trabajo en la que se encuentran muchos gremios que aún continúan bajo los convenios firmados en la década del 90, cuando estaba en su apogeo la “flexibilización laboral”.
El especialista Oscar Ermida Uriarte define a la flexibilización como “la eliminación, disminución, aflojamiento, o readaptación de la protección laboral clásica, con la finalidad –real o presunta- de aumentar la inversión, el empleo o la competitividad de la empresa.”
En un reciente trabajo preparado por el Observatorio de Derecho Social de la central obrera CTA, se establece que durante el período 2003-2007, y pese al notorio aumento de los convenios y acuerdos, “la variable casi excluyente de negociación han sido las condiciones salariales, sin que se avanzara en la mayor parte de las normas pactadas durante los años 1991-1999. Esto se explica por el hecho de que en el período analizado sólo se renovó poco menos del 19 por ciento de los convenios homologados en la ronda de los noventa”.
Extensión de la jornada de trabajo, polifuncionalidad o multifunción del trabajador y fraccionamiento de las vacaciones, son las cláusulas que aún se mantienen en momentos en que el desempleo ha bajado notoriamente, la economía sigue su curso de crecimiento sostenido y el contexto ha sufrido un cambio tal que no se sostiene la continuidad de tales normas en la letra chica de los convenios.
La puja por un mayor salario a cambio de mantener condiciones flexibles en los ámbitos de trabajo ha sido la trampa en que han caído la gran mayoría de los gremios que, ávidos de recuperar el salario real, han descuidado aspectos que inciden directamente en la vida del asalariado.
“La adaptación de la jornada de trabajo a las fluctuaciones de la demanda, (es decir, al interés productivo de la empresa), tiene un impacto directo no sólo sobre el tiempo en que el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador, sino también sobre la imprevisibilidad del goce del tiempo de ocio, afectando, en consecuencia, la calidad de vida de los trabajadores.”, señala el informe de
De los 545 convenios celebrados entre 2003 y 2007, al menos 259 incorporaron una o más cláusulas que flexibilizan el tiempo de trabajo por medio del establecimiento de turnos fijos o rotativos, la extención del horario, utilización del sistema de jornada promedio que se calcula en base a horas de trabajo o el otorgamiento de las vacaciones en partes. En cuanto a la regulación de la organización del trabajo, las cláusulas flexibilizadotas se presentan en al menos 278 negociaciones, donde se presenta, en la mayoría de los casos, la multifunción con pérdida de la especialidad y la modificación de las categorías profesionales, en algunos casos eliminando las categorías iniciales, y en otros, creando nuevas escalas ante requerimientos de la actividad.
Ante este panorama, pocas han sido las voces que se han escuchado pidiendo la modificación de estas condiciones de trabajo como si ellas no formaran parte de la negociación gremios-empresas. La incipiente reapertura de las paritarias puede ser una buena oportunidad para que se replantee una situación que se viene arrastrando desde los años más críticos de la historia reciente y que puede ser útil para ambos actores.
Los gremios pueden ganar más protagonismo y recuperar el prestigio que han perdido a lo largo de décadas de socabar la representatividad que ostentan, y las empresas, pueden estar ante la posibilidad de reconocer que el contexto es muy distinto a la década pasada y adaptar su relación patronal a los tiempos de crecimiento que corren.
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