PAPELITOS DE COLORES
Después de la denuncia de intento de soborno a un diputado nacional, la vida de los llamados “tickets canasta” parece estar llegando a su fin. La Cámara de Diputados ya dio media sanción al proyecto por el cual los vales alimentarios se incorporarían al salario de los trabajadores como remunerativos y se dá por descontada su sanción en la Cámara alta. Lo que tanto temían los representantes de las empresas que manejan el negocio de los papelitos de colores parece próximo a ocurrir, pese a sus desesperados intentos por frenar el avance de la sanción o bien modificarla en su propio provecho. Una cámara oculta demostró el tipo de maniobras que las grandes empresas pueden llegar a utilizar cuando sus ganancias y beneficios están en juego.
Según una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, durante este año, alrededor del 15 por ciento de los trabajadores ha percibido alguna suma en vales, por un importe que ronda el 13 por ciento de su salario, es decir, en promedio, 220 pesos mensuales en papelitos.
Surgidos como tantos otros males, en la década de los 90, los tickets han pasado a ser una emisión de dinero secundario ya que cuenta con aceptación social como medio de pago, permitiendo la adquisición de alimentos y combustibles. Una cesión de la potestad de emisión que posee el Gobierno, que ha permitido que solo unas pocas empresas puedan obtener ganancias a partir de un circuito paralelo de 4000 millones de pesos que, a partir de la reforma del 94, es inconstitucional, ya que todo salario debe pagarse en efectivo.
Pocos beneficios ha aportado este sistema a los trabajadores, que por el contrario, observan como una parte de su sueldo es negreado con el aval de la ley que lo creó. Distinta es la visión de los empleadores que compran los vales pagando una comisión que se encuentra entre un 2 y un 6 por ciento de su valor nominal, ahorrándose la diferencia con el porcentaje de las cargas sociales que son de un 13 o un 17 por ciento según el régimen jubilatorio optado por el empleado.
Los tickets son utilizados por grandes empresas que aprovechan esta maniobra para evitar el pago de las cargas sociales de su planta de asalariados. Se calcula que el sistema provisional pierde alrededor de 650 millones de pesos al año, además del perjuicio real sobre cada trabajador que pierde esa porción de su sueldo en el cómputo del aguinaldo, las vacaciones, las licencias por enfermedad, las indemnizaciones por despido, o cualquier otro rubro que requiera tomar a los conceptos remunerativos como base de cálculo.
Si bien no hay datos oficiales sobre las ganancias que obtienen las empresas emisoras de vales alimentarios, los investigadores del Cenda han calculado una utilidad que oscila entre 45 a 130 millones dólares. Es que el sistema permite maniobras legales y de las otras, que rozan la usura y se aprovechan de la necesidad del trabajador de hacerse de dinero real para hacer frente a sus pagos. Así, el beneficio surge de las comisiones cobradas a las empresas que compran los vales, que alcanzará el 6 por ciento de la masa total salarial involucrada en la transacción. También se suma la comisión que se cobra a los comercios que han celebrado convenios para recibir los tickets y que dependerá del volumen de venta del comercio y su consiguiente poder de negociación a la hora de firmar contrato.
El perjuicio que ha conllevado el sistema también ha repercutido en otros sectores de la economía, ya que el grueso de las compras se realizan en las grandes cadenas de supermercados, en detrimento de las ventas en negocios medianos y chicos de barrio, ocasionando una doble redistribución de ingresos: desde el trabajador hacia los empresarios, y desde los pequeños comercios hacia los grandes.
Como puede observarse, tras las oscuras tentativas llevadas a cabo por enviados de la Cámara empresarial que aglutina a las empresas emisoras (de capitales franceses, las más poderosas) frente a un legislador nacional, se mueve un negocio que mueve cifras millonarias pero también representa lo peor de una flexibilización laboral que alcanzó parámetros inaceptables en medio de la desocupación y la desesperación de muchos trabajadores argentinos.
Es hora que se dé por terminado un sistema anacrónico, que nos remite a los santafesinos a otra etapa negra de nuestra historia como fue la de La Forestal, en dónde sus empleados sólo podían comprar en la proveeduría de la empresa con los vales que la misma compañía emitía.
Hoy, en una etapa de crecimiento sostenido y sin signos a la vista de que el contexto macroeconómico se modifique, se hace necesario revertir estas situaciones de inequidad, procurando que la distribución de la riqueza sea de la mejor manera para todos.
