NUEVO PERIODISMO ECONOMICO

El anuncio que realizó esta semana la Presidenta vuelve a poner en el tapete al remanido tema del pago de la deuda. A la ya conocida decisión de abonarle lo que se le debe al Club de París, debe sumarse ahora la reapertura del canje de bonos que, a propuesta de los bancos acreedores, el Gobierno seguramente implementará.

Los tres bancos son el Deutsche, el Citi y el Barclays, que, representando a los bonistas que no entraron en el canje del año 2005, hicieron una propuesta para saldar la deuda con un esquema de refinanciación de los vencimientos que ya se veían amenazadores para los próximos dos años.

En total se trata de una operación de casi 33 mil millones de dólares: 18800 millones de los holdouts (los que no entraron en el canje anterior) y 14 mil millones de préstamos garantizados (unos bonos que Cavallo forzó a comprar a los bancos y a las AFJP en 2001). Algunos datos que han trascendido hacen ver a la oportunidad como buena para el Estado argentino ya que el nuevo canje incluiría una quita del 66 por ciento y el vencimiento se trasladaría al 2033. Es decir, que por cada 1000 dólares que se presenten a canjear, la Argentina pagará 340. Los intereses corridos entre 2003 y 2005, que antes se pagaron en efectivo, también se hará en bonos con la quita del 66 por ciento. Y la comisión de los bancos participantes será pagada por los tenedores de bonos. Esto último no es un dato menor, ya que en 2005 la pagó nuestro país, y se estima que los honorarios rondarán esta vez los 1500 millones de dólares.

El anuncio se encuadra en la estrategia del Gobierno de dar señales a los mercados de capitales de que se cumplirán los compromisos y de esta forma tratar de reinsertar al país y a las empresas argentinas en la posibilidad de obtención de créditos e inversiones.

Las medidas también apuntan por elevación a tratar de parar los juicios que se llevan adelante en Nueva York por parte de los fondos buitres que lograron embargar cuentas del Banco Nación en el exterior, y que pusieron en su momento limitaciones al avión presidencial Tango 01, ya que si aterrizaba en alguna jurisdicción comprometedora, corría el riesgo de quedar embargado e inmovilizado. De abrirse un nuevo canje, tal como venía solicitando el juzgado actuante, los que no ingresen a esta nueva oportunidad, quedarán sin argumentos para seguir litigando contra el país.

Lo que queda por analizar es si es oportuno adoptar la medida en medio de la peor crisis financiera mundial de los últimos tiempos. En un momento global de incertidumbre y con caídas de títulos, pareciera ser un momento de debilidad de los acreedores pero el pago, por sí solo, no resolverá el ingreso de nuevas inversiones. Hasta que no calme la tormenta, nadie invertiría grandes sumas en escenarios poco estables.

La administración de la Presidenta piensa que deben adelantarse y quedar en una posición mejor que otros países para que, cuando vuelva la calma y los inversores comiencen a evaluar adonde llevan sus fondos, el país resulte “un sitio atractivo”.

Puede correrse el riesgo de que con la actual crisis internacional, la política de desendeudamiento tomado como estrategia por parte del Gobierno, se convierta simplemente en un gesto de “buena letra” para el corto plazo. Dejando sin fundamento la teoría de que comenzarán a recibirse inversiones que ayuden a que no decaiga la actividad económica. Los operadores internacionales aún no ven al país como seguro, y ciertamente, la economía mundial puede seguir su curso sin tener en cuenta a la Argentina.

Por lo pronto, el tema vuelve a otorgarle protagonismo a un Congreso que, desde aquellas largas jornadas de debate parlamentario donde el tema central eran las retenciones al agro, pareciera haberse despertado de la siesta provinciana en la que estaba inserto.

Es que la ley de Deuda Pública, llamada también Ley Cerrojo y sancionada en 2005, prohíbe pagarles a los bonistas que no entraron en el canje. Por lo tanto, para que la propuesta avance, debe ser derogada. Y si se deroga, también debe ser el Congreso el que acepte o no el pago a los llamados holdouts.

Un nuevo capítulo se escribe a partir de la historia de la deuda. Una historia de nunca acabar. Pero que deja postergada una vez más, la cancelación de la otra deuda. Aquella que se tiene con los sectores más postergados, como los que siguen trabajando en negro y a los que no les llegan los aumentos en el salario familiar, o aquellos que aún continúan bajo una línea de pobreza que mes a mes excluye a más argentinos.

Á esa otra deuda, aún le falta por escribir su capítulo.

SI PIENSA DIBUJAR, HAGALE CASO A LOS QUE SABEN!!!

Lo afirmó esta tarde la Subsecretaria de Ingresos Públicos, Contadora Teresa Beren, al hacer la presentación del proyecto de Reforma Impositiva que el ejecutivo provincial ha enviado a la legislatura.
La charla fué ofrecida en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario, en donde tras hacer un detallado correlato de las modificaciones que se pretenden poner en marcha en el orden provincial, y a requerimientos de los asistentes, se abordó el tema del estado de la recaudación fiscal.
La funcionaria manifestó que al asumir la gestión, se encontró con una baja recaudación en Ingresos Brutos, comparandola con la provincia de Córdoba, y que ello obedecía a que no se había llevado a cabo una buena administración tributaria en períodos anteriores.
"Les puedo decir, además, que hay decenas de dictámenes que favorecen a intereses particulares. Hay un verdadero sistema de protección a la evasión en la provincia".
También precisó que el llamado monotributo provincial será de carácter obligatorio, y que las grandes empresas multinacionales que se encuentran beneficiadas por las excensiones que les brinda el régimen de promoción industrial, recién comenzarían a pagar impuestos, a medida que vayan perdiendo la vigencia los convenios firmados al momento de su radicación en la provincia.

Los aumentos en los precios de los productos que componen la canasta de alimentos continúan su racha ascendente, incrementando sustancialmente las ganancias de las empresas que ejercen posición dominante en el rubro debido a los contínuos ajustes que realizan a sus listas de precios.

Algunos economistas, voceros del establishment empresarial, sostienen que el actual proceso de alza de precios se debe a que la demanda supera a la oferta de productos, por lo que aconsejan “enfriar” la economía, y así frenar esa demanda para que la oferta, o sea la inversión, logren equilibrarse.

Las empresas de consumo masivo están aumentando sus precios con el objetivo de aumentar sus márgenes de ganancia y los consumidores, hasta ahora, convalidaron los ajustes de precios debido a los incrementos de salarios. De esta manera, pese al alza nominal de los ingresos, terminan comprando lo mismo o, a veces, menos productos que antes.

Así, estas compañías, todas líderes en sus respectivos mercados, están logrando desandar lo poco que se había avanzado en el objetivo de distribuir la riqueza. Fue férrea la oposición de los representantes de las corporaciones empresariales en las últimas reuniones del Consejo del Salario para que se llegue a un piso de $1500 para el sueldo mínimo de un trabajador.

Sin embargo, sus balances dejan en evidencia que se están apropiando de una porción cada vez mayor de la renta generada por la economía. El reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires obliga a todas las empresas que cotizan en el mercado abierto a presentar sus resultados trimestralmente.

Según la mayoría de los pronósticos que se habían escuchado se esperaba que los números de las empresas reflejen el retroceso de la actividad económica como consecuencia del conflicto con el campo, del menor impulso en el consumo debido a la inflación y por la desaceleración de la construcción.

Pero las presentaciones de los balances han traído la sorpresa de que la mayoría, incluidas las alimentarias que supuestamente fueron las más afectadas por el conflicto agropecuario, han ganado más dinero que en igual período del año pasado.

Lo que sigue es un resumen de los balances de algunas de las más importantes empresas de consumo masivo del país:

Molinos Río de la Plata: yerba Nobleza Gaucha, rebosador para milanesas Preferido, harina Favorita, aceite Cocinero, bizcochuelo Exquisita, Vitina, son algunas de sus marcas líderes en el mercado. Molinos, controlada por los Pérez Companc, tiene presencia en la mayoría de las mesas del país. Y en todos los rubros en que participa es el número uno. En la mayoría de los casos alcanzó esa posición de privilegio comprando las fábricas de sus competidores. La compañía maneja más del 50 por ciento de los mercados de sus principales productos. Pero el rubro en el que más avanzó es el de los congelados, concentrando el 89 por ciento de las ventas. Durante los primeros seis meses del año sus ganancias fueron de $ 174.587.000, ubicando en el privilegiado top ten de las empresas que más han ganado en lo que va del 2008.

Quickfood : con sus marcas Paty y Quickfood maneja el 60 por ciento del mercado de hamburguesas. Esta posición dominante le permite vender una caja de 330 gramos de carne con 20 gramos de grasa a 5,60 pesos. En su último balance, cerrado el 28 de febrero de 2008, correspondiente a un período irregular de nueve meses, la empresa ganó 43 millones de pesos. En el período que abarca hasta el mes de junio ya obtuvo ganancias por $ 56.578.000.

Ledesma: con una producción de 330 mil toneladas anuales, la compañía jujeña es la líder histórica del mercado azucarero. Además de la venta directa de azúcar, provee a las industrias de lácteos, bebidas gaseosas, galletitas, chocolates, dulces, caramelos, etc.

Pese a que, a diferencia de los demás commodities, el azúcar bajó su precio en el mercado internacional, la ganancia del primer semestre ha sido de $ 94.243.000.

Nunca se discute acerca de cual debería ser una tasa de ganancia “normal” para las empresas. Hacerlo, serviría para esclarecer los conflictos salariales, y permitiría observar cuales serían las intenciones del empresariado en cuanto a inversión y desarrollo apuntando a un crecimiento de la economía más equitativo.

Un reciente informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda) aborda el tema de la evolución de las ganancias a partir de la devaluación, y hace mención en este sentido en que, “Mientras las variaciones salariales son sometidas a un puntilloso escrutinio, y son frecuentemente consideradas responsables de los más diversos males -entre los que se cuentan la inflación, el déficit público, la falta de competitividad y hasta el desempleo-, los cambios en las ganancias –por omisión- son casi siempre naturalizados. Más aún, cuando los empresarios y sus representantes –previsible y sensatamente- intentan proteger o buscan incluso incrementar su porción del pastel, consiguen siempre vestir sus reclamos con el manto del interés general. Tal es la asimetría de la teoría económica ortodoxa: mientras los aumentos de los salarios beneficiarían a un sector particular (los trabajadores), los incrementos de las ganancias, en contraste, traerían una prosperidad indiscriminada para el pueblo de la nación argentina.”

Nada más alejado de la realidad. Aquella teoría del derrame, por la cual todos los sectores de la población serían alcanzados por la bonanza si los de arriba nadaban en abundancia, nunca pudo observarse en la práctica. Y sí puede notarse cómo el deseo de seguir obteniendo sobreganancias sin realizar inversiones, lleva a que se aumenten los precios de los productos perjudicando a los sectores más postergados y de bajos ingresos.

El drama de la sequía en el norte de la provincia ha comenzado a ganar espacio en los medios logrando que las agendas de gobierno aceleren anuncios para tratar de aliviar la crisis ocasionada por la falta de lluvias.

Medidas por parte del Ministerio de la Producción santafesino, reuniones de los gobernadores de las provincias afectadas con la presidenta, promesas de envío de millones de pesos para ayuda material, han sido las noticias que nos han llegado las últimas semanas relacionadas con este tema.

Los que no necesitan leer las noticias para enterarse del problema que es la falta de agua es la gente que vive en los pueblos de los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado, en los que, para que salga agua de la canilla deben esperar, en algunos casos, que sean las cuatro de la tarde.

La región norte de la provincia es la que históricamente se nombraba como “los bajos submeridionales”, donde se supo caminar por terrenos anegados con agua hasta las rodillas, hoy no se ve ni un brote verde de pasto.

La Forestal, después de su cierre, dejó un puñado de pueblos que sobrevivieron por la fuerza de pequeños productores que se dedicaron a la cría de ganado. Hoy se habla de 150 mil cabezas que han muerto en lo que va del año.

Walter Villaba es el jefe comunal de Intiyaco, que junto al cercano pueblo de Colmena, reúnen una población de 1800 habitantes, y confiesa a ADN que el pueblo es un privilegiado en la zona ya que cuenta con “dos represas que quedaron del ferrocarril y que juntan agua de lluvia”. Con eso se abastecen para el consumo humano, pero racionan el servicio a sólo 4 horas por día porque las represas cuentan por estos días con una profundidad de solo 80 cms. “Es que el agua de pozo es salada y contiene arsénico, por lo que no se puede tomar”, informa Villaba. Desde Reconquista el gobierno de la provincia les envía agua en camiones cisterna de 30000 litros dos veces por semana que se distribuyen rápidamente en los aljibes de cada casa.

Para el ganado también se saca agua de las represas ferroviarias y se reparte solidariamente con los productores de la zona, “traer un cisterna a un chacarero le puede costar $1200, nosotros sólo le cobramos para el combustible y el costo del chofer, que son unos $80, nada más”

En los pueblos del norte la pobreza abunda. Y se agrava aún más con la sequía que viene a castigar con más crudeza a una región que está más allá del núcleo sojero provincial, muy lejos de las peleas por las retenciones, y donde no se tiene en cuenta para nada a las cotizaciones del mercado de cereales de Chicago.

El jefe comunal sincera los números que maneja en su comuna ante este cronista. Sorprende la fluidez de datos que acerca, en contraste con numerosos funcionarios que jamás ofrecen información sobre las remesas públicas que manejan.

“Este pueblo depende directamente de la coparticipación. Yo recibo 34000 pesos mensuales de la provincia. 21 mil son los gastos fijos. Ahora con toda la movida llevando agua a los campos gastamos casi 12 mil en combustible, por lo que queda un resto de casi 2000 pesos, rogando que no se rompa nada. La gente acá es muy pobre, no es como Vera o Reconquista, ni soñar en cobrar impuestos.”, nos dice Villaba, relatando la realidad económica de su comunidad.

A unos cuantos kilómetros de distancia se encuentra Los Amores, muy cerca de la frontera con el Chaco, en donde llegan cuatro camiones cisterna por semana. Omar Walker, el jefe de la comuna, ha decidido también racionar el agua que manda la provincia, por lo que dispuso dividir al pueblo en dos zonas. La parte norte cuenta con agua sólo 3 horas por la mañana, y la parte sur tiene su turno 3 horas por la tarde.

La región, netamente ganadera, comenzó a sufrir la sequía cuando las lluvias pasaron de un registro histórico de 1500 milímetros anuales a sólo 200 milímetros en los últimos cinco años. La última lluvia que se recuerda fue hace nueve meses.

“Los productores están desesperados, no hay donde llevar el ganado para que pastoree. Encima, están los que se aprovechan de la desgracia ajena y pagan la mitad de lo que vale. La gente tiene que malvender sus vacas a mitad de precio”, comenta Walker.

La Provincia informó que ya lleva invertidos más de 20 millones de pesos en la zona, además del otorgamiento de créditos blandos a los pequeños productores. Mientras tanto, la Nación aportará otros 6 millones más, según se anunció hace pocos días.

“Los que no son productores creerán que la ayuda es mucha, pero más allá de los camiones cisterna, otra ayuda no se ve. El tema de los créditos bancarios recién llegó hace 10 días, pero los requisitos como tener cuit, o haber firmado un contrato de pastoreo, dejan afuera a mucha gente del campo que trabaja informalmente. Esta es una zona pobre, marginal, que no está acostumbrada a trabajar con cuit”, reconoce el jefe comunal de Intiyaco.

Ante la consulta de cual debería ser la solución de fondo, Villaba no duda en sostener que se necesita un canal que traiga agua desde el río Paraná. “Estamos a 60 kilómetros en línea recta al río. Si se quisiera, se podría realizar un canal a cielo abierto, con diques, con drenajes para que irrigue a toda la zona y lleve alivio a todo el departamento Vera. No sería muy costoso, sólo se necesitarían unas palas excavadoras”

No sólo el clima ha golpeado duro en el norte de Santa Fe, también el olvido ha dejado librados a su suerte a casi 55 mil santafesinos. “Nunca hubo previsión de nada en esta zona” sostienen las autoridades comunales.

Para los funcionarios provinciales, la crisis en que se encuentra la región ha sido la peor de los últimos 70 años, y el panorama tiende a agravarse aún más porque los meses siguen pasando y el agua no llega.

“Los efectos se están mostrando con toda su crudeza, mortandad de ganado, falta de pastos, aguadas que se secan, por lo que la situación es sumamente preocupante. Hoy hay campos que tienen el 40 por ciento de la hacienda que tenían, y otros que, por falta de agua, no tienen nada”, detalló el funcionario de la cartera agropecuaria Carlos Sartor.

Mientras que para cualquiera de nosotros es muy normal abrir la canilla y ver surgir agua como la cosa más natural, no muy lejos de acá, dentro de los propios límites de nuestra provincia, la gente se reúne por las tardes en la iglesia del pueblo para rezar. Esperan el milagro de esa lluvia salvadora que traiga nuevamente vida y alivio a sus días, en medio de tanto polvo.

En toda intervención del Estado, el intento de resolución de un problema implica la aparición de otros. Esto es evidente en el caso específico de un cambio impositivo, cualquiera fuese: el Estado está haciendo uso de su poder de coerción para extraer parte de los ingresos a determinados actores económicos en el marco de una estrategia de desarrollo, y parece obvio decirlo, la primera resistencia a la medida será la de los afectados directos.

De esta forma, una parte central en el análisis para determinar si es posible, y conveniente, avanzar en una determinada acción pasa por establecer quienes ganan y quienes pierden con ella, y cual sería la reacción al cambio.

Esto exige que se considere la gobernabilidad de la reforma, que requiere analizar el grado de dificultad de la propuesta y medir las variables que controla y las que no.

Todo esto parece haberse saltado por alto el Gobierno cuando decretó la variabilidad de las retenciones. El resultado de estos meses de áspero conflicto era más que previsible. La adopción de una medida sin haber previsto el alcance de la reacción, fue generando una situación que terminó siendo insostenible tanto en lo económico como en lo político.

Ante este triunfo del modelo agroexportador que pide a gritos que lo dejen vincularse con el mundo como proveedor de granos y materias primas, conviene plantearse el interrogante de que si no sería más beneficioso y mucho más rentable, para aquellos que defendieron tan calurosamente sus rentas extraordinarias, agregarle valor a estos productos exportables por medio de la industrialización de las materias primas del campo.

No contentarse simplemente con aumentar las toneladas embarcadas en el puerto de Rosario, sino sumar esfuerzos, capitales, inversiones, incentivos fiscales, y por sobre todo, espíritu emprendedor productivo, que permita hacer surgir un modelo agroindustrial antes que agroexportador.

Durante todo el transcurso del conflicto con el campo nos vimos saturados de opiniones y números que intentaban demostrar lo poco o mucho, según quien hablara en ese momento, que se gana con la exportación de soja. ¿Hubo alguna voz que saliera a explicar cómo industrializar ese grano y así poder producir desde pinturas y esencias hasta cosméticos y golosinas, ganando nuevos mercados y obteniendo mejores precios?

Es de esta forma que se pondría fin a ese viejo debate que plantea si la salida del país pasa por el campo o por la industria. Sólo un tejido agroindustrial que conjugue la nobleza del trabajo rural con la disponibilidad de conocimientos en laboratorios y fábricas podrá romper con actitudes monopólicas de siembra-cosecha-exportación, que solo termina beneficiando a seis empresas multinacionales ubicadas en la costa de nuestro Paraná.

Como bien lo ejemplificara Enrique Martínez, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, un país lechero líder como la Argentina, no se queda en la leche en polvo o en el queso Standard. Hace quesos especiales, concentra las proteínas contenidas en el suero de queso, extrae de allí lactoferrite.

Un país con ganado vacuno, que sea líder, no exporta sólo cueros semiterminados y cortes especiales. También produce ácidos grasos, globulinas y otros productos de la sangre, aminoácidos de los huesos, marroquinería de primera.

Un país avícola líder no sólo exporta pollos. Produce biogás con todos los residuos de cama de pollos; aprovecha las vísceras y las plumas para hacer concentrados proteínicos con los cuales se alimentan peces que aumentarán la oferta de carnes menos consumidas.

Todo esto puede llevarse a cabo y muy cerca del campo en donde se cosecha la soja, el maíz y el trigo, o de la estancia en donde se crían los pollos.

¿Cómo es posible que una materia prima atraviese todo un país para llegar a un puerto sin que nadie, en los cientos de kilómetros que recorre, le agregue ningún valor a esa mercadería?

Uno de los reclamos de los productores que más se escuchó fue que se le otorguen subsidios al flete para aquellos que se encuentran más alejados de la zona portuaria de exportación. Distinto sería el destino de esos fondos si se emplearan para incentivar la industrialización de sus cosechas en sus propias provincias, generando una revitalización de las economías regionales y desactivando la visión ilusoria de sembrar mirando al océano.

Un ejemplo muy claro lo tenemos en nuestra provincia, donde cientos de talleres pequeños y medianos han conformado cordones metalúrgicos agroindustriales en distintos pueblos del interior provincial, beneficiando así a miles de familias que consiguieron empleo produciendo maquinaria agrícola en sus propias poblaciones, sin necesidad de emigrar.

Para encarar una justa redistribución de la riqueza no solo bastará con aumentar alícuotas o legislar nuevos impuestos, también deberá trabajarse en la forma en que se generarán nuevos métodos para obtener esa riqueza y que beneficie a todo un país.

La implementación de una mirada productivista que tienda a conformar un tejido agroindustrial llevará como consecuencia a la conformación de un nuevo tejido social en donde deje de ser sólo un sector el que salga beneficiado por los precios internacionales de las materias primas alimenticias, posibilitando la inclusión de aquellos que trabajen agregándole más valor a las exportaciones de los frutos de la tierra.

Porque el futuro de todo un país no puede basarse en las pizarras de cotización del mercado de Chicago. Deberá forjarse desde las propias iniciativas que pongamos a consideración y que busquen que aquellos que sólo quieran especular, pierdan relevancia, primero, y sentido, después.

Hoy, lo avanzado, lo progresista consiste en articular mecanismos que posibiliten a la sociedad transformarse a sí misma, desarrollando la autogestión.

El incremento de la capacidad de participación de trabajadores, usuarios y consumidores a través de entidades sin fines de lucro permitirá la aparición de contrapoderes sociales en un mercado cada vez más controlado por grandes empresas multinacionales.

Hector Polino. Ex secretario Acción Cooperativa de la Nación.

Según un informe del Instituo de Estudios de la CTA, en el sector público el 35.7 por ciento de la fuerza laboral presenta algún grado de precariedad.

Este indicador se compone de considerar la cantidad la cantidad de asalariados públicos registrados con contratos temporales: son 132117 agentes, los asalariados registrados sin tiempo de finalización que tienen un salario inferior al de la Canasta de Pobreza, que hasta estos días se ubica en los $980: más de 300mil agentes, y la totalidad de asalariados públicos no registrados: 416 mil trabajadores.

En total, estos tres agregados suman 856337 empleados públicos con algún tipo de precariedad laboral.

Un Estado activo y que intenta intervenir en los mercados con empleados públicos pobres y desincentivados deriva en el fracaso de las políticas públicas.